La Corte anuló en 2025 al menos 17 leyes de ingresos municipales con cobros a plantas, subestaciones y gas, y en 2026 dos municipios más incluyeron cobros iguales

Interpretación estratégica

Sistémico: La red energética se multiplica en suelo municipal —parques solares, gasoductos, subestaciones— y la Corte resuelve, asunto por asunto, que el municipio no puede autorizarla ni cobrarle como a cualquier otra construcción: desde 2024 en pozos de hidrocarburos y desde septiembre de 2025 en generación eléctrica, con 17 asuntos en menos de tres meses. La otra mitad de la tensión es que los municipios vuelven a escribir el cobro cada diciembre en sus leyes de ingresos. Los polos: el control territorial del artículo 115 y la exclusividad federal sobre la energía. Gana el desarrollador y la CFE, que se ahorran un permiso y un cobro; pierde la hacienda municipal rural, que carga el impacto local sin ingreso propio. Consecuencia: Le toca a los municipios de Coahuila, Chihuahua, Zacatecas y San Luis Potosí donde se instalan centrales, gasoductos y subestaciones, a los congresos estatales que aprueban sus leyes de ingresos, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo, que litiga cada año, y a los desarrolladores de generación. Lo que se sigue: el municipio deja de ser parte en la decisión de dónde va la infraestructura y queda como espectador con el costo local. De eso se sigue que la compensación territorial tendrá que inventarse por otra vía —contribución estatal, fondo de compensación, acuerdo con el desarrollador— o se resolverá como oposición local en el sitio, la vía más cara para todos. Cosmovisión: Que la infraestructura estratégica es un asunto nacional que pasa por el territorio sin pertenecerle. Qué observar: Cuántas leyes de ingresos municipales de 2027 vuelven a incluir estos cobros en diciembre de 2026 y cuántas controversias promueve el Ejecutivo; si algún estado crea una contribución o fondo de compensación por infraestructura energética; si la regulación eléctrica fija una participación municipal; y a 3 a 10 años, si los conflictos por la ubicación de parques y subestaciones pasan de los tribunales a la oposición local.